Theresa May pide una regulación internacional de internet para combatir el terrorismo y dice que “¡ya es suficiente!”
Enzo Argüelles
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La primera ministra británica, Theresa May, lanzó desde la puerta de su residencia, en el número 10 de Downing Street, un llamamiento para que tondos los países regulen y controlen de alguna manera el uso de internet para que el ciberespacio deje de ser el lugar en el que se capta a los nuevos terroristas y se planifican los atentados.
“Habrá que adoptar nuevos acuerdos internacionales para regular Internet, a la luz de los nuevos ataques terroristas que acabamos de sufrir“. Asegura que la introducción de nuevas reglas para controlar el ciberespacio permitirían “privar a los extremistas de unos lugares seguros online” y aseguró que las empresas de tecnología actualmente no están haciendo lo suficiente.
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Theresa May añadió: “No podemos permitir que esta ideología cuente con un lugar seguro en el que pueda reproducirse y planificar ataques, y eso es lo que encuentran en internet. Por eso tenemos que trabajar con todos los aliados, con todos los gobiernos democráticos, para llegar a acuerdos internacionales que nos permitan regular el ciberespacio para evitar la propagación del extremismo y la planificación de ataques terroristas“.
La primera ministra también entonó un mea culpa y dijo que Gran Bretaña es demasiado tolerante con el extremismo y que los valores británicos tienen que ser establecidos como superiores.
En los planes de Theresa May para todos los países democráticos, también se prevé forzar a los proveedores de red a participar en unidades anti extremistas, y en su discurso es la primera vez que ha pedido públicamente la cooperación internacional para controlar el ciberespacio.
Para muchos, no han sido sorprendentes sus palabras si tenemos en cuenta que se producen muy en línea con la introducción en 2016 de la ‘Ley de Poderes de Investigación’, la llamada ‘Carta de Snooper’, que amplía los poderes de las agencias de espionaje y del Gobierno para Internet.
La Ley, defendida por Theresa May, obligaría a que los proveedores de servicios de Internet guarden una lista de los sitios web que han visitado todos los usuarios durante un año. También la misma ley concede a las agencias de inteligencia mayores poderes para interceptar comunicaciones online. Y la policía tendría derecho a acceder al historial de navegación almacenada de cualquier persona, sin que fuese necesaria una orden judicial.